La medida, que busca reforzar el control migratorio, ha generado preocupación por sus implicaciones para la privacidad y las libertades civiles. La propuesta, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se aplicaría a los viajeros que utilizan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que permite estancias de hasta 90 días. Los solicitantes tendrían que entregar de forma obligatoria no solo sus cuentas de redes sociales, sino también números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década y datos personales de familiares.

Además, se contempla recabar datos biométricos.

El presidente Trump defendió la iniciativa argumentando que su objetivo es reforzar la seguridad nacional. “Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura”, afirmó.

“Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”.

La medida se justifica bajo una orden ejecutiva orientada a proteger al país de “terroristas extranjeros y otras amenazas”.

La propuesta está abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de avanzar.

Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han calificado el plan como una acción “sin precedentes” que busca “vigilar y suprimir la actividad de los estudiantes extranjeros en las redes sociales”. El endurecimiento de los requisitos llega en un momento clave, con la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que atraerá a miles de visitantes de países afectados por la medida.