El buque fue identificado como el M/T Skipper, anteriormente llamado Adisa, y transportaba cerca de dos millones de barriles de crudo venezolano, con un valor estimado por Trump en 80 millones de dólares. Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la incautación se justifica porque el buque fue utilizado durante años por Venezuela e Irán para eludir sanciones internacionales, formando parte de una “red internacional de contrabando de petróleo” y apoyando a “organizaciones terroristas extranjeras”. Para ocultar sus actividades, el Skipper empleaba prácticas engañosas, como falsear su ubicación mediante su sistema de seguimiento y navegar con una bandera falsa de Guyana, país que negó su registro. La Casa Blanca confirmó que el petróleo será confiscado y que se planean más intervenciones, lo que indica un cambio de estrategia de sanciones puntuales a una “confrontación directa contra la infraestructura de transporte del crudo”. La respuesta de Venezuela fue contundente, describiendo el hecho como un “robo descarado” y “piratería naval criminal”, y anunciando que denunciará el caso ante instancias internacionales. Cuba también condenó la acción, calificándola de “acto de piratería y terrorismo marítimo”.