Los países incluidos en este programa son, entre otros, Chile, España, Reino Unido, Francia, Japón y Australia.

Además del historial de redes sociales, la propuesta contempla la recopilación obligatoria de números de teléfono utilizados en los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década y datos personales de familiares. La administración justifica estos cambios argumentando la necesidad de reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas consideradas una amenaza. La propuesta fue publicada en el Registro Federal y está abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de avanzar. Organizaciones de derechos digitales han calificado el plan como una acción “sin precedentes” que podría afectar las libertades civiles y suprimir la libertad de expresión de los visitantes.