Estas acciones han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales” y han generado preocupación internacional.

El presidente Trump defendió la estrategia, asegurando que ha reducido el flujo de drogas por vía marítima en un 94 % y anunció que la campaña se extenderá a una nueva fase terrestre.

“Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven”, afirmó.

Críticos y gobiernos de la región, como el de Venezuela, sostienen que la operación es un pretexto para ejercer presión geopolítica, violar la soberanía de las naciones y reafirmar el control estadounidense en el hemisferio.