La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, afirmó que la embarcación formaba parte de una “red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”. La operación fue ejecutada por el FBI, la Guardia Costera y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, con apoyo del Departamento de Defensa. Se informó que el buque navegaba con una bandera falsa de Guyana, país que negó el registro de la nave. El gobierno de Venezuela reaccionó enérgicamente, calificando el hecho como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. Caracas anunció que denunciará el incidente ante instancias internacionales, argumentando que forma parte de un plan deliberado para despojar al país de sus recursos energéticos. La Casa Blanca confirmó que el petrolero será llevado a un puerto estadounidense y su cargamento de crudo será confiscado mediante un proceso legal.