La justificación de Washington fue que la embarcación, que navegaba con bandera falsa, había sido utilizada durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo violando sanciones internacionales.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro calificó el hecho como un “acto de piratería internacional” y un “robo descarado”.

La tensión aumentó aún más con las declaraciones de Trump sobre una inminente expansión de su ofensiva, afirmando que las operaciones comenzarían “por tierra muy pronto”. Esta retórica fue respaldada por el despliegue militar estadounidense en la región, que incluye el sobrevuelo de cazas F/A-18 cerca de la costa venezolana. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció estas maniobras como un intento de “hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”. Como complemento a la presión militar y económica, Estados Unidos también impuso nuevas sanciones a familiares de Nicolás Maduro, incluidos sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, a quienes acusa de retomar actividades de narcotráfico.