Estas acciones, calificadas por críticos como "ejecuciones extrajudiciales", han generado una fuerte controversia y tensiones con países como Colombia y Venezuela.

La operación, denominada "Lanza del Sur", ha implicado la destrucción de más de una veintena de embarcaciones y ha causado la muerte de más de 80 tripulantes, a quienes Washington describe como "narcoterroristas". Donald Trump ha defendido la campaña, asegurando que ha reducido el tráfico de drogas por mar en un 94 % y que con cada embarcación derribada "se salvan 25.000 vidas de ciudadanos estadounidenses".

Sin embargo, las operaciones han sido duramente cuestionadas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, las ha calificado como "ejecuciones extrajudiciales", y expertos de la ONU han afirmado que los ataques podrían constituir crímenes internacionales, ya que se han realizado sin un debido proceso. La controversia se agudizó con la revelación de un segundo ataque contra los supervivientes de un bombardeo ocurrido el 2 de septiembre, lo que ha incrementado la presión sobre la Casa Blanca para que publique el video del incidente. Según informes, el 70 % de las embarcaciones bombardeadas habrían salido de Colombia, y se han registrado al menos cuatro ataques frente a las costas de Buenaventura.

La organización Human Rights Watch ha pedido a los gobiernos aliados de EE.

UU. que alcen la voz contra estas operaciones.