La administración Trump ha intensificado una agresiva campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, resultando en decenas de muertes y generando una fuerte controversia internacional sobre su legalidad y métodos. Esta ofensiva, denominada "Lanza del Sur", se ha convertido en uno de los ejes más visibles y polémicos de su política de seguridad regional. La operación ha involucrado más de 22 ataques aéreos contra presuntas "narcolanchas", dejando un saldo de al menos 87 personas muertas. La polémica se intensificó tras revelarse un segundo ataque contra los supervivientes de un bombardeo inicial el 2 de septiembre, lo que llevó a legisladores y medios a presionar a la Casa Blanca para que publique el video del incidente, calificado por varios congresistas como "profundamente inquietante". El presidente Trump ha defendido la ofensiva, asegurando que ha reducido el flujo de drogas por vía marítima en un 94 % y que con cada embarcación destruida "se salvan 25.000 vidas de ciudadanos estadounidenses".
Además, anunció planes para extender las operaciones a tierra.
Sin embargo, la campaña ha sido duramente criticada.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó las acciones como "ejecuciones extrajudiciales", mientras que expertos de la ONU advirtieron que podrían constituir crímenes internacionales.
La organización Human Rights Watch también ha condenado los bombardeos. La situación ha escalado al ámbito legal con la denuncia de una familia colombiana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de un pescador en uno de los ataques.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha respaldado las operaciones, mientras que el Arzobispo Timothy Broglio, ordinario militar estadounidense, las ha calificado como "éticas y legales".
En resumenLa campaña militar antidrogas de Trump en el Caribe y el Pacífico se caracteriza por su alta letalidad y la controversia legal y diplomática que la rodea. A pesar de la defensa de la administración, que la presenta como un éxito en la reducción del narcotráfico, las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del derecho internacional han provocado una condena generalizada y tensiones con países de la región, especialmente Colombia.
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