La suspensión no solo impacta a nuevos solicitantes, sino también a aquellos con trámites en curso, dejando en el limbo a miles de personas.

Además, se cancelaron ceremonias de naturalización ya programadas y se ordenó una “reexaminación exhaustiva” de los casos aprobados desde enero de 2021. El detonante inmediato de esta política fue un tiroteo en Washington D.C., donde el principal sospechoso era un ciudadano afgano a quien se le había concedido asilo. El gobierno utilizó este incidente para argumentar la existencia de fallas en los controles migratorios y la necesidad de revisar los mecanismos de admisión. La suspensión de los procesos permanecerá vigente “hasta nuevo aviso”, generando una gran incertidumbre sobre cuándo o bajo qué condiciones podrían reanudarse los trámites.