Estas acciones han resultado en numerosas muertes y han generado serias dudas sobre su legalidad y justificación.

Bajo la operación denominada “Lanza del Sur”, el Comando Sur de Estados Unidos ha hundido más de 22 lanchas y ha causado la muerte de más de 80 tripulantes, sin presentar públicamente pruebas que vinculen a todas las embarcaciones con actividades criminales. La ofensiva, que se ha desarrollado frente a las costas de Colombia, Venezuela y México, ha sido calificada por el presidente colombiano Gustavo Petro y la organización Human Rights Watch como “ejecuciones extrajudiciales”. La controversia se agudizó tras la revelación de un segundo ataque contra los supervivientes de un bombardeo inicial el 2 de septiembre. A pesar de que Trump aseguró que el Pentágono publicaría el video de este segundo ataque, posteriormente negó haberlo afirmado, calificándolo de “noticias falsas” y dejando la decisión en manos del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Trump ha defendido enérgicamente la campaña, insistiendo en que con cada embarcación derribada “se salvan 25.000 vidas de ciudadanos estadounidenses”.

Congresistas demócratas, tras ver las imágenes a puerta cerrada, las describieron como “profundamente inquietantes” y están trabajando en una ley para obligar la publicación del video.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha recibido denuncias por estas muertes, como la de la familia de un pescador colombiano que alega fue asesinado injustamente en uno de los bombardeos.