Díaz, calificado por EE.

UU. como un "preso político", falleció el 6 de diciembre a causa de un infarto, según la versión del Servicio Penitenciario de Venezuela.

Sin embargo, Washington ha demandado "transparencia total" sobre las causas de su muerte.

Un portavoz estadounidense calificó el hecho como "inaceptable y una violación directa de los derechos humanos fundamentales", haciendo un llamado a las autoridades venezolanas para que se haga justicia.

Analistas citados en los artículos señalan que este incidente podría agravar la crisis política en Venezuela, aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y potencialmente generar nuevas sanciones y acciones diplomáticas por parte de Estados Unidos y otras naciones.