La polémica escaló tras revelarse un incidente del 2 de septiembre en el que se habría ordenado un segundo ataque para eliminar a dos sobrevivientes de un bombardeo inicial, lo que la Casa Blanca defendió como una acción "legal y necesaria".

Sin embargo, estas operaciones han sido duramente criticadas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, las calificó como "ejecuciones extrajudiciales", y expertos de las Naciones Unidas han advertido que podrían constituir crímenes internacionales, ya que se realizan sin un proceso judicial.

La familia de un pescador colombiano fallecido en uno de estos ataques ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar del escrutinio y las acusaciones de ser asesinatos y crímenes de guerra por parte de congresistas en EE.

UU., la administración Trump y el Pentágono han defendido la ofensiva, asegurando que los objetivos son "narcoterroristas" y que las acciones son cruciales para la seguridad nacional.