La administración Trump ha implementado una de sus medidas migratorias más drásticas al suspender de forma inmediata los procesos de inmigración, asilo y naturalización para ciudadanos de 19 países, incluyendo a Venezuela, Cuba y Haití. Esta decisión, justificada por razones de “seguridad nacional”, afecta a miles de solicitantes y ha sido calificada como una penalización colectiva por organizaciones de derechos humanos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) instruyó a sus funcionarios a congelar todos los expedientes de asilo y beneficios migratorios pendientes para personas de las naciones afectadas, que también incluyen a Irán, Libia, Somalia y Yemen.
La medida se adoptó tras un ataque en Washington D.C.
perpetrado por un ciudadano afgano, lo que llevó a la Casa Blanca a ordenar una “revisión exhaustiva de seguridad”. El propio presidente Trump declaró que la suspensión no tiene un “límite de tiempo” y podría ser indefinida. La orden no solo detiene las solicitudes en curso, sino que también abre la puerta a la revisión de beneficios ya aprobados desde 2021, con la posibilidad de revocarlos si se encuentran “amenazas a la seguridad nacional”. Esta política se suma a otras acciones de endurecimiento, como la propuesta de un senador republicano de prohibir la doble ciudadanía y las continuas redadas en ciudades santuario. Cincuenta ciudadanos iraníes ya han regresado a su país tras la revisión de sus permisos de residencia. Para miles de migrantes que se encuentran en distintas etapas de sus procesos legales, esta suspensión representa un limbo jurídico y un golpe a sus esperanzas de obtener protección o residencia en Estados Unidos.
En resumenCon la suspensión de trámites migratorios para 19 nacionalidades, la administración Trump consolida su agenda de mano dura en inmigración. La medida, de duración indefinida y justificada en la seguridad nacional, deja en la incertidumbre a miles de solicitantes y refuerza las barreras de acceso a Estados Unidos.