Esta nueva fase ha generado una profunda preocupación internacional y ha sido calificada por críticos como una violación a la soberanía y los derechos humanos.

La ofensiva, que lleva varias semanas, ha consistido en el bombardeo de más de 20 presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado un saldo de más de 87 personas muertas. El presidente Trump ha defendido estas acciones, calificando los resultados como “contundentes” y asegurando que el flujo de drogas por vía marítima se ha reducido en un 94%.

En un discurso, anunció la siguiente etapa de la campaña: “Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos”.

Esta amenaza ha sido dirigida principalmente contra Venezuela, a cuyo gobierno acusa de liderar el “Cártel de los Soles”, pero Trump extendió la advertencia a Colombia, afirmando que cualquier país que produzca y venda cocaína a Estados Unidos es “susceptible de ser atacado”. La legalidad de estos operativos ha sido fuertemente cuestionada.

Expertos de las Naciones Unidas y el presidente colombiano, Gustavo Petro, han descrito los ataques como posibles “ejecuciones extrajudiciales”, dado que se realizan sin un proceso judicial.

Analistas sugieren que esta postura militarista podría ser una estrategia política de Trump para distraer la atención de problemas internos y proyectar una imagen de fuerza.