El propio presidente Trump advirtió que la pausa podría ser indefinida, declarando que “no tenemos un cronograma”. Además, la orden contempla la revisión de beneficios ya aprobados desde 2021, lo que podría llevar a revocaciones.

Esta política ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos como una “penalización colectiva cruel”, argumentando que castiga a miles de personas vulnerables por el acto de un solo individuo. La suspensión masiva deja a los solicitantes en un limbo legal, sin certeza sobre el futuro de sus casos y enfrentando la posibilidad de demoras de años en un sistema migratorio ya saturado.