Estas operaciones, calificadas por críticos como ejecuciones extrajudiciales, han sido defendidas por la Casa Blanca como acciones necesarias para la seguridad nacional. Desde el inicio de la ofensiva en septiembre, se han registrado más de 21 ataques que han causado la muerte de al menos 87 personas. La polémica alcanzó su punto más álgido con el incidente del 2 de septiembre, en el que, según informes de prensa confirmados posteriormente por la Casa Blanca, se ejecutó un segundo bombardeo para eliminar a los sobrevivientes de un primer ataque. Esta acción ha sido denunciada por congresistas estadounidenses, la ONU y organizaciones como Human Rights Watch como un posible crimen de guerra. El gobierno de Trump, a través de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la Casa Blanca, ha defendido la legalidad de las operaciones, argumentando que se realizaron “en conformidad con el derecho en conflictos armados” y que los fallecidos eran “narcoterroristas”. Sin embargo, no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones, lo que ha llevado al Congreso de EE.

UU. a iniciar investigaciones sobre la base legal de la campaña militar. Gobiernos de la región, como el de Colombia, han rechazado estas acciones, y la familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).