La advertencia, difundida a través de su red social Truth, fue dirigida a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, y provocó la suspensión inmediata de vuelos por parte de múltiples aerolíneas internacionales. Esta declaración se produjo en un contexto de máxima tensión, tras el vencimiento de un presunto ultimátum dado por Trump a Maduro para que abandonara el poder y en medio de un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe. Aunque el anuncio no especificó cómo se haría cumplir el cierre, fue interpretado como una amenaza directa y un posible preludio a acciones militares. El gobierno venezolano denunció la medida como un “acto hostil, unilateral y arbitrario”, una “amenaza colonialista” y una violación del derecho internacional y su soberanía, presentando una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La decisión de Trump también generó reacciones en la región; el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó la legalidad de la medida, preguntando “¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. Como consecuencia directa, aerolíneas como Iberia, Avianca, Latam y Turkish Airlines suspendieron sus operaciones hacia Venezuela, dejando a miles de pasajeros varados y llevando al gobierno de Maduro a anunciar un plan de repatriación.