UU. han realizado al menos 21 ataques contra embarcaciones.

Un caso particularmente polémico fue el del 2 de septiembre, en el que una lancha fue atacada dos veces; el segundo bombardeo habría tenido como objetivo eliminar a los sobrevivientes del primero. La Casa Blanca confirmó este segundo ataque, argumentando que fue “legal y necesario” y se realizó “en conformidad con el derecho en conflictos armados”.

Sin embargo, esta justificación ha sido rechazada por críticos, incluyendo congresistas y organizaciones como Human Rights Watch y la ONU, que sostienen que estas acciones podrían constituir asesinatos ilegales al no haber un proceso judicial. La controversia se intensificó al revelarse que el Pentágono a menudo actúa con información limitada, sin identificar con precisión a los ocupantes de las lanchas, lo que aumenta el riesgo de matar a inocentes como pescadores o migrantes. En Colombia, el presidente Petro calificó las muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, y la familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).