Informes de medios como *The Hill* y *The Washington Post*, citando fuentes militares anónimas, han revelado detalles alarmantes.

Se reportó que el 2 de septiembre se ejecutaron cuatro ataques consecutivos contra una misma embarcación para hundirla y eliminar a sus 11 ocupantes. Otro informe señaló que, tras un bombardeo inicial, se ordenó un segundo ataque específico para matar a dos supervivientes, lo que ha sido calificado por varios congresistas como un posible crimen de guerra.

La Casa Blanca ha defendido las operaciones, afirmando que se realizaron en aguas internacionales y estuvieron "en conformidad con el derecho en conflictos armados".

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, confirmó un segundo ataque, pero se negó a especificar qué ley permite no dejar supervivientes. La legalidad de la campaña es cuestionada por organismos como la ONU y la CIDH, que recibió una denuncia por la muerte de un pescador colombiano.

Mientras tanto, en el Congreso avanzan los esfuerzos para investigar el sustento legal del despliegue militar, y el almirante Frank Bradley, quien ordenó una de las operaciones, deberá testificar ante el Senado.