La advertencia, difundida en redes sociales, provocó la suspensión de vuelos de múltiples aerolíneas y generó una crisis diplomática, con líderes regionales cuestionando su legalidad. El 29 de noviembre, a través de su red social Truth Social, Trump emitió un mensaje dirigido a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, instándolos a considerar el espacio aéreo venezolano como clausurado. Esta declaración, sin precedentes por su naturaleza unilateral, no fue acompañada de detalles técnicos, pero tuvo un efecto inmediato.

Al menos seis aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, Avianca, Latam, GOL y Turkish Airlines, suspendieron sus operaciones hacia y desde Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó revocando los permisos de operación de dichas compañías y denunciando la medida como una “amenaza colonialista” y un “acto hostil” que viola la soberanía nacional.

La crisis escaló en el ámbito diplomático regional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la base legal de la acción de Trump. “Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra Nación?”, preguntó Petro en la red social X, añadiendo que si tal norma no existe, “se acabó el concepto de soberanía nacional”. La declaración de Trump se enmarca en un contexto de máxima presión militar sobre Venezuela, con un masivo despliegue naval en el Caribe. Analistas interpretan el cierre del espacio aéreo como un acto de “guerra psicológica” y un posible paso previo a una acción militar más directa.