La decisión ha sido calificada como una contradicción flagrante con la “guerra contra las drogas” de su propia administración y una injerencia en la política centroamericana.

Juan Orlando Hernández (JOH), quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York de conspirar para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando su poder político para proteger a narcotraficantes a cambio de sobornos millonarios. A pesar de la contundencia del caso, Trump anunció su decisión de otorgarle un “indulto total y completo”, lo que resultó en su liberación de una prisión federal.

La medida ha sido ampliamente criticada por su aparente incoherencia.

Mientras la administración Trump amenaza con acciones militares a países como Venezuela y Colombia bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos, perdona a un líder político condenado por los mismos delitos. Analistas y políticos, como el presidente colombiano Gustavo Petro, han calificado la decisión de “desmoralizante”.

Los informes sugieren que el indulto es una maniobra política para influir en las elecciones presidenciales de Honduras, donde Trump ha mostrado su respaldo público al candidato ultraconservador Nasry Asfura, correligionario de Hernández. Esta intervención se percibe como un intento de asegurar un gobierno afín a los intereses de Washington en la región, utilizando el poder del indulto como herramienta de política exterior. La liberación de Hernández plantea serias dudas sobre el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en América Latina.