Congresistas y organismos de derechos humanos investigan si estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra. La polémica se intensificó tras informes de medios como The Washington Post y The Hill, que, citando fuentes anónimas, afirmaron que el 2 de septiembre se ejecutó un segundo bombardeo con el objetivo específico de eliminar a los supervivientes de un ataque inicial a una embarcación. Una versión incluso habla de cuatro ataques consecutivos: dos para matar a los 11 ocupantes y dos para hundir la lancha.

Estas revelaciones han provocado que congresistas de ambos partidos exijan investigaciones formales y la comparecencia de altos mandos militares.

La Casa Blanca ha enfrentado la controversia con una defensa matizada.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, confirmó que se realizó un segundo ataque, pero aseguró que fue ordenado por el almirante Frank Bradley y estuvo “en conformidad con el derecho en conflictos armados”. No obstante, se negó a especificar qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido señalado como el responsable final de autorizar estas operaciones, lo que ha llevado a peticiones de renuncia. El debate legal se centra en si Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra el narcotráfico que justifique el uso de fuerza letal sin intentar capturar a los sospechosos, una premisa que expertos en derecho internacional y derechos humanos han cuestionado enérgicamente.