El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, había llegado a EE.

UU. en 2021 bajo un programa de reasentamiento de la administración Biden.

Trump calificó el hecho como un “acto terrorista” y lo utilizó para justificar una ofensiva migratoria.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joe Edlow, confirmó la suspensión de todas las decisiones de asilo “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea examinado con el máximo rigor”. Adicionalmente, se ordenó una revisión “exhaustiva” de las ‘green cards’ otorgadas a ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”, entre los que se mencionan Afganistán, Cuba, Haití y Venezuela.

Trump fue más allá en sus redes sociales, prometiendo una “pausa permanente” a la migración desde “países del Tercer Mundo”, revocar la ciudadanía a quienes “socaven la tranquilidad doméstica” y deportar a cualquier extranjero que represente una “carga pública”.

Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y la ONU, que advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional y al derecho de asilo.