Además del despliegue naval, la Fuerza Aérea ha realizado demostraciones de ataque con bombarderos B-52H en la región. La estrategia de Washington también ha buscado apoyo logístico en la zona. República Dominicana autorizó el uso de dos de sus aeropuertos para el transporte de equipo y personal técnico estadounidense, mientras que en Trinidad y Tobago se ha instalado un nuevo radar para mejorar la vigilancia. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado repetidamente este despliegue como una “agresión” y un “terrorismo psicológico” que busca forzar un cambio de régimen bajo el pretexto de la lucha antidrogas. La magnitud de la operación y los ataques letales han generado cuestionamientos sobre su legalidad por parte de organismos internacionales y congresistas estadounidenses.