Administración Trump reivindica la Doctrina Monroe para justificar su política en América Latina
La política exterior de Donald Trump hacia América Latina y el Caribe se ha caracterizado por la revitalización explícita de la Doctrina Monroe. Esta doctrina del siglo XIX, resumida en el lema "América para los americanos", está siendo utilizada para justificar una política intervencionista y de contención de influencias extranjeras, como las de China y Rusia, en el hemisferio. Proclamada originalmente en 1823 para limitar la influencia europea en el continente, la Doctrina Monroe ha sido reinterpretada a lo largo de la historia según los intereses de cada administración estadounidense. Durante el mandato de Trump, altos funcionarios la han reivindicado explícitamente para fundamentar las políticas de presión sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este enfoque se enmarca en una visión que considera a América Latina como el "vecindario" de Estados Unidos, una esfera de influencia donde Washington debe mantener su hegemonía. La aplicación actual de la doctrina se manifiesta en acciones concretas, como el masivo despliegue militar en el Caribe y la exclusión de ciertos países de foros regionales como la Cumbre de las Américas. Críticos, como los autores del libro 'De Monroe a Trump', argumentan que esta política es una forma de "imperialismo tardío" que busca limitar la soberanía de las naciones latinoamericanas y justificar intervenciones bajo nuevos contextos geopolíticos, adaptando el principio a la competencia global con potencias rivales. La estrategia revive un pilar histórico de la política exterior estadounidense, consolidando una postura de primacía en el continente.

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Kevin Rudd adelantará su salida de Washington y regresará a la Asia Society luego de tensiones públicas con el presidente estadounidense.

El pronunciamiento recuerda excarcelaciones recientes en Venezuela y Nicaragua y señala que la isla sigue sin adoptar medidas similares.

El activista aseguró que los adolescentes fueron aprehendidos por policías municipales, imputados por delitos graves y recluidos en malas condiciones.

La ONG Iran Human Rights alertó además que algunos de los 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.






