Oficialmente, la misión es interceptar "narcolanchas".

Según cifras del gobierno estadounidense, se han atacado más de 20 embarcaciones, con un saldo de más de 80 fallecidos desde septiembre.

Sin embargo, el Pentágono ha reconocido que posee "información limitada" sobre los ocupantes de dichos barcos.

Expertos y legisladores demócratas han advertido que algunas víctimas podrían ser pescadores inocentes, migrantes o personas sin vínculos con el crimen organizado, convirtiéndolos en "daños colaterales".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido una de las voces críticas, anunciando que su abogado personal, Dan Kovalik, asumió la defensa de la familia de un pescador colombiano presuntamente asesinado en uno de estos ataques. La operación también ha fortalecido alianzas estratégicas en la región; República Dominicana autorizó a EE.

UU. a utilizar dos de sus aeropuertos para fines logísticos, mientras que en Trinidad y Tobago se está instalando un nuevo radar para mejorar la vigilancia.