Esta clasificación permite a EE.

UU. congelar activos e investigar a personas relacionadas, y podría convertir ciertos activos dentro de Venezuela en objetivos militares.

La administración Trump retoma así acusaciones de 2020, cuando el Departamento de Justicia señaló a Maduro y otros altos funcionarios por narcoterrorismo. El gobierno de Maduro ha negado consistentemente la existencia del cartel, calificándolo como "un invento" de Washington para justificar un cambio de régimen. Expertos legales citados en los artículos advierten que la etiqueta de terrorismo podría ser un pretexto para militarizar acciones que históricamente correspondían a la aplicación de la ley, y que podría ser un preludio a una acción militar directa.