El caso ha generado una crisis en la administración Trump, que ha ofrecido versiones contradictorias.

La controversia se inició con un informe del diario 'The Washington Post' que denunció que Hegseth habría ordenado asesinar a los tripulantes sobrevivientes de un ataque a una embarcación acusada de transportar drogas. Esta acción, de ser cierta, podría constituir un crimen de guerra. Inicialmente, el presidente Trump defendió a su secretario, asegurando que creía en su versión de los hechos, mientras Hegseth calificaba la información de "noticia falsa". Sin embargo, la Casa Blanca cambió su postura posteriormente.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, confirmó que se ejecutó un segundo ataque, aunque afirmó que fue "de conformidad con el derecho en conflictos armados" y que la orden no provino de Hegseth, sino del almirante de la Marina Frank Bradley, con el fin de hundir el barco. Esta admisión ha intensificado la presión sobre la administración, llevando a comisiones bipartidistas en el Congreso a iniciar investigaciones para determinar la legalidad de las operaciones antidrogas en el Caribe y la veracidad de las acusaciones.

Legisladores como el representante republicano Mike Turner han expresado su preocupación, advirtiendo que un segundo ataque a un barco podría ser considerado un crimen de guerra.