Esta clasificación permite a EE.

UU. imponer sanciones más severas, congelar activos y procesar a cualquier individuo o entidad que colabore con el grupo.

Además, altos funcionarios de la administración han sugerido que esta medida otorga una base legal más sólida para eventuales acciones militares. El gobierno venezolano reaccionó de inmediato, calificando la designación de “ridícula patraña” y una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima”. En un comunicado, la cancillería venezolana afirmó que el cartel es “inexistente” y que la medida es parte del “clásico formato estadounidense de cambio de régimen”. Expertos y analistas señalan que, aunque la existencia del cartel como una estructura jerárquica es debatida, la designación tiene un fuerte peso político y estratégico, legitimando la ofensiva estadounidense en el Caribe, que incluye un masivo despliegue naval y ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico.