La propuesta generó un rechazo inmediato de la comunidad internacional. La ONU y organismos de derechos humanos advirtieron que una medida de este tipo violaría normas internacionales fundamentales, como el derecho al asilo y el principio de no discriminación, y podría configurar una forma de castigo colectivo. Organizaciones defensoras de migrantes la calificaron como una de las más agresivas en la historia reciente de Estados Unidos, argumentando que estigmatiza y criminaliza a poblaciones enteras del sur global. Expertos en derecho constitucional anticipan que la política enfrentaría severos desafíos legales tanto en tribunales estadounidenses como internacionales, al chocar con tratados firmados por Estados Unidos.

El anuncio se produce a pocos meses del Mundial de Fútbol 2026, lo que podría amplificar el debate sobre migración y derechos humanos en la región.