La designación, que entró en vigor el 24 de noviembre, otorga a la administración Trump un marco legal ampliado para imponer sanciones y considerar opciones militares. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el grupo es responsable de “violencia terrorista” en el hemisferio y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Esta acción se suma a la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y a una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado en 2020 por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo. El gobierno venezolano ha rechazado categóricamente la existencia del cartel, calificándolo de “ridícula patraña” y una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Analistas señalan que la etiqueta de FTO permite a EE.

UU. tratar a los miembros del grupo como “combatientes enemigos”, sujetos a fuerza letal, y legitima posibles operaciones de inteligencia o militares en territorio venezolano.

Expertos como Brian Finucane advierten que esta estrategia militariza la política exterior estadounidense, presentándola como una lucha antiterrorista, lo que podría ser un preludio a una acción militar directa.