La reacción de Trump fue inmediata y contundente. A través de su red social Truth Social, escribió en mayúsculas que se trataba de una “conducta sediciosa, sancionable con la pena de muerte” y que los responsables deberían estar “en la cárcel”. Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó matizar las declaraciones, negando que el presidente buscara su ejecución, pero insistió en que su comportamiento “quizás sea punible por ley”. La situación escaló cuando el Pentágono anunció el inicio de una investigación formal contra el senador Mark Kelly, uno de los participantes en el video y capitán retirado de la Marina, sin descartar la posibilidad de someterlo a una corte marcial. Los legisladores implicados respondieron con un comunicado conjunto en el que condenaron los “llamamientos del presidente a nuestro asesinato y a la violencia política”. Este enfrentamiento evidencia la extrema polarización política en Estados Unidos y la utilización de una retórica incendiaria por parte del presidente contra sus opositores, generando una grave tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo.