La decisión, tomada tras una abrumadora presión del Congreso, ha expuesto profundas fisuras dentro del movimiento MAGA y ha generado preocupación entre las víctimas por posibles censuras en la divulgación de los documentos. La “Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein” establece un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia haga públicos miles de documentos relacionados con la investigación del financiero, su red de explotación sexual y su muerte en prisión en 2019. La promulgación de la ley representa una victoria para los legisladores de ambos partidos que abogaban por la transparencia. Sin embargo, la legislación contiene excepciones clave: permite al Fiscal General retener información que pueda comprometer investigaciones en curso o la identidad de las víctimas, lo que ha generado escepticismo sobre el alcance real de la desclasificación. El cambio de postura de Trump fue notable. Durante meses, calificó las peticiones de divulgación como una “cacería de brujas”, pero cedió cuando se hizo evidente que la ley sería aprobada con un apoyo casi unánime en ambas cámaras. Este episodio ha provocado un enfrentamiento público con una de sus aliadas más leales, la congresista Marjorie Taylor Greene, quien fue una de las principales impulsoras de la ley. Greene denunció que el caso “destrozó a MAGA” y acusó a Trump de intentar obstaculizar la publicación de los archivos. La controversia se intensificó con la reciente publicación de correos electrónicos en los que Epstein supuestamente afirmaba que Trump “sabía de las chicas”.