Una jueza federal en Estados Unidos desestimó las acusaciones impulsadas por la administración de Donald Trump contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ambos críticos prominentes del presidente. La decisión judicial representa un revés significativo para los esfuerzos de Trump de utilizar el sistema de justicia contra sus adversarios políticos. El fallo, emitido el 24 de noviembre, no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones de declaraciones falsas y obstrucción contra Comey. En cambio, la jueza determinó que la fiscal designada por Trump para presentar los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal, invalidando así todo el proceso.
Otro juez federal ya había expresado previamente dudas sobre las imputaciones, señalando “conducta indebida” y “errores en el caso” relacionados con irregularidades procesales.
Uno de los fiscales admitió que no todos los miembros del gran jurado habían recibido una copia de la acusación, lo que aumentó las probabilidades de que el caso fuera desestimado. Este desenlace frustra los repetidos llamados de Trump para procesar a Comey, a quien despidió en 2017, y a James, quien ha liderado investigaciones sobre las finanzas del presidente.
La anulación por un tecnicismo procesal pone de relieve las presiones políticas que rodearon el caso desde su inicio.
En resumenLa anulación de las acusaciones contra James Comey y Letitia James por un nombramiento fiscal ilegal constituye una derrota para la estrategia de Donald Trump de judicializar a sus opositores. El fallo subraya las irregularidades procesales en el caso y frena, al menos por ahora, los intentos de la administración de enjuiciar a dos de sus críticos más destacados.