Los críticos advierten que esta medida obligará a las personas trans a “salir del armario” cada vez que presenten su pasaporte, exponiéndolas a interrogatorios, discriminación y posibles acusaciones de suplantación al viajar o realizar trámites básicos.

Expertos en seguridad y movilidad señalan que la política podría dificultar los viajes internacionales, el acceso a servicios y la validación de la identidad, generando nuevos riesgos para una población ya vulnerable. Esta medida es vista como parte de un esfuerzo más amplio de la administración para restringir los derechos de las personas trans en diversas áreas como el deporte, la vivienda y los servicios médicos.