Su mensaje fue directo: los uniformados tienen el derecho y el deber de rechazar órdenes ilegales.

La Casa Blanca reaccionó de inmediato. Stephen Miller, subjefe de gabinete, acusó al Partido Demócrata de estar “peligrosamente radicalizado” y de alentar una “rebelión contra el comandante en jefe”. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, desestimó las críticas atribuyéndolas al “síndrome de trastorno por Trump”. Aunque los congresistas no especificaron a qué órdenes se referían, su llamado surge en un contexto de decisiones controvertidas por parte de Trump. A nivel nacional, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas para contener disturbios. En el ámbito internacional, ha autorizado operaciones militares letales contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 80 muertos y que, según expertos, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El propio Trump avivó la controversia al sugerir la pena de muerte para los legisladores que hicieron el llamado.