Estas acciones han sido calificadas por críticos y organismos internacionales como posibles ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno de Trump justifica los ataques como parte de un “conflicto armado” contra los carteles, basándose en un memorando del Departamento de Justicia que los considera blancos militares legítimos. Aunque el objetivo declarado es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, analistas y gobiernos de la región ven la operación como una demostración de fuerza y una herramienta de presión directa contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.