Analistas internacionales interpretan esta decisión como un paso que allana el camino para justificar acciones más agresivas, incluyendo sanciones financieras más severas, persecución judicial extraterritorial y, potencialmente, ataques militares directos contra activos y personas vinculadas al cartel.

La Casa Blanca argumenta que el grupo es responsable de narcotráfico y actividades terroristas que amenazan la seguridad del hemisferio. Esta catalogación es una pieza clave en la estrategia de “máxima presión” de Trump, que busca aislar y asfixiar económicamente a Caracas. Aunque el gobierno venezolano ha calificado la existencia del cartel como un “invento” de Washington, la medida profundiza la crisis diplomática y eleva el riesgo de una confrontación directa, al declarar formalmente a una facción del gobierno venezolano como un objetivo legítimo en la lucha contra el terrorismo.