La administración Trump ha impulsado un significativo endurecimiento de su política migratoria, instruyendo a sus consulados y embajadas a considerar condiciones de salud crónicas como la obesidad, la diabetes o el cáncer como posibles motivos para denegar visas. La medida se justifica bajo el argumento de evitar que los solicitantes se conviertan en una “carga pública” para el sistema de salud estadounidense. Según un cable enviado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a las misiones diplomáticas, los funcionarios consulares tendrán mayor discreción para evaluar si un solicitante podría requerir apoyo del sistema de salud de EE.
UU.
Esta directriz amplía considerablemente los controles médicos, que históricamente se centraban en enfermedades contagiosas.
Ahora, afecciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, trastornos mentales e incluso la obesidad podrían ser factores determinantes en la decisión de otorgar una visa, especialmente para categorías laborales como la H-1B y otras que conducen a la residencia permanente. La Casa Blanca defiende la política como una forma de proteger los intereses de los contribuyentes. Sin embargo, organizaciones de defensa de inmigrantes y expertos legales la han calificado como peligrosa y discriminatoria, advirtiendo que podría disuadir a inmigrantes, incluso legales, de buscar atención médica. Esta nueva barrera se suma a otras medidas restrictivas de la administración Trump, como la revocación de decenas de miles de visas por diversos motivos, incluyendo antecedentes criminales y la participación de estudiantes en protestas consideradas una amenaza. El descenso del 17 % en las matrículas de nuevos estudiantes internacionales para el curso 2025/26 también se atribuye en parte a estas políticas de visado más estrictas.
En resumenLa nueva directriz de la administración Trump para denegar visas por condiciones de salud como la obesidad o la diabetes representa un drástico endurecimiento de la política migratoria. Justificada como una medida para evitar una “carga pública”, la política ha sido criticada por ser discriminatoria y podría tener un impacto significativo en miles de solicitantes, además de contribuir al declive de la llegada de estudiantes internacionales. Esta medida refleja el enfoque restrictivo y de 'seguridad nacional' que ha caracterizado la política de inmigración bajo el mandato de Trump.