El acuerdo presupuestario temporal se alcanzó tras un intenso pulso político con los demócratas, aunque dejó expuestas profundas divisiones y un alto costo económico y político. El 'shutdown', que se prolongó por 43 días, fue el resultado de un punto muerto entre republicanos y demócratas sobre la financiación gubernamental.

La parálisis tuvo consecuencias generalizadas: cerca de 730,000 empleados federales se quedaron sin cobrar sus salarios, lo que obligó a algunos a buscar empleos alternativos para subsistir.

Además, se interrumpieron servicios esenciales como la asistencia alimentaria (SNAP) y se generaron graves trastornos en el transporte aéreo, con miles de vuelos cancelados o retrasados. La Cámara de Representantes finalmente aprobó un proyecto de ley de financiación provisional, que el presidente Trump firmó para reabrir la administración. Sin embargo, el mandatario acusó a los demócratas de usar el cierre como una “extorsión” política y los responsabilizó por las consecuencias.

Analistas y sondeos citados en los artículos sugieren que la imagen de ambos partidos se vio afectada, pero la del presidente Trump disminuyó de manera particular, cuestionando su capacidad de negociación. El acuerdo solo garantizó la financiación hasta el 30 de enero, evidenciando la fragilidad del consenso y la persistencia de la polarización que llevó a la crisis.