A pesar de que Washington sostiene que las víctimas son 'narcoterroristas', no ha presentado evidencia pública para sustentar dichas afirmaciones.

Esta campaña militar ha provocado una fuerte condena internacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó que existen 'fuertes indicios' de que los ataques constituyen 'ejecuciones extrajudiciales' y violan el derecho internacional, ya que el uso de la fuerza letal debería ser un 'último recurso absoluto'. Gobiernos como los de Colombia, Rusia y aliados europeos como el Reino Unido y Francia también han criticado las acciones. Como consecuencia, tanto el Reino Unido como Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, han suspendido la cooperación de inteligencia con Estados Unidos para la localización de estas embarcaciones, al no querer ser cómplices de actos que consideran ilegales.