La administración Trump ha impulsado un significativo endurecimiento de su política migratoria, introduciendo nuevos criterios médicos para la concesión de visas y planeando el uso de tecnologías avanzadas para el rastreo de inmigrantes indocumentados. Una nueva directriz del Departamento de Estado, revelada en un cable enviado a embajadas y consulados, permitiría a los funcionarios consulares negar visas a solicitantes por padecer condiciones de salud crónicas como obesidad, diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. El argumento principal es evitar que estas personas se conviertan en una “carga pública” para el sistema de salud y los contribuyentes estadounidenses. Esta medida amplía drásticamente los controles médicos, que tradicionalmente se centraban en enfermedades contagiosas, y ha sido calificada por organizaciones de inmigrantes como “peligrosa y discriminatoria”.
En paralelo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se prepara para estrenar nuevos dispositivos y software, incluyendo inteligencia artificial, para rastrear a inmigrantes sin estatus legal y sus vehículos, así como para identificar personas mediante reconocimiento facial desde teléfonos móviles.
Estas políticas han provocado una enérgica respuesta de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que emitió una “condena histórica” a la ofensiva migratoria de Trump, alertando sobre un creciente “clima de temor, redadas y abusos” y pidiendo respeto a la dignidad humana.
En resumenEl gobierno de Trump está implementando una política migratoria más restrictiva, utilizando la salud y la tecnología como nuevas barreras de entrada y control, lo que ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones religiosas y de derechos civiles.