En respuesta, el Reino Unido y Colombia han suspendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos que pudiera ser utilizada para estos fines, al considerar que los ataques podrían violar el derecho internacional. La base legal de la operación, según un memorando secreto del Departamento de Justicia revelado por The New York Times, se fundamenta en la afirmación de Trump de que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, a los que ha designado como organizaciones terroristas. Esta justificación permite, desde la perspectiva de Washington, tratar a las embarcaciones como blancos militares legítimos y otorgar inmunidad a las tropas implicadas.