El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó los ataques más recientes en el Pacífico, que dejaron seis muertos, afirmando que las operaciones se realizaron por orden del presidente Trump contra "narcoterroristas". Sin embargo, estas acciones han sido descritas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, como posibles "ejecuciones extrajudiciales", ya que no parecen cumplir con las normas del derecho internacional sobre el uso de la fuerza letal.

Turk ha exigido investigaciones "rápidas, independientes y transparentes".

La ofensiva también ha creado fricciones con aliados clave.

Reportes de CNN indican que el Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia para estas operaciones por considerarlas ilegales. Siguiendo una línea similar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender la cooperación de inteligencia con las agencias de seguridad de EE.

UU. mientras continúen los ataques.

A pesar de la creciente presión, la administración Trump, a través de funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio, ha defendido la legitimidad de las operaciones como una medida necesaria para la seguridad nacional.