La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la política explicando que el Departamento de Estado siempre ha tenido la facultad de negar visas a quienes puedan constituir una carga financiera. Sin embargo, expertos y organizaciones de inmigración advierten que la norma otorga una amplia discrecionalidad a funcionarios sin formación médica y podría basarse en prejuicios.