Los ataques, ejecutados por fuerzas militares estadounidenses, han sido defendidos por Washington pero condenados por organismos internacionales y varios países.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido una veintena de embarcaciones en aguas internacionales. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha defendido estas acciones, afirmando que son órdenes legales en el marco de un “conflicto armado no internacional” que el presidente Trump determinó que existe contra los carteles de la droga.

Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente cuestionada.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó sobre “fuertes indicios” de que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” e instó a Washington a investigar su legalidad.

La controversia ha escalado a nivel diplomático, con Francia condenando las operaciones por ignorar las leyes internacionales.

Aliados clave como el Reino Unido y Colombia han tomado la medida de suspender el intercambio de información de inteligencia con EE.

UU. que pudiera ser utilizada en estos ataques.

A pesar de la presión, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido la campaña como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos frente al narcotráfico, desestimando las críticas europeas.