La crisis afectó a numerosos servicios públicos, incluyendo la seguridad en los aeropuertos, lo que provocó cancelaciones masivas de vuelos, y la interrupción de programas de asistencia alimentaria como el SNAP. La parálisis institucional expuso las profundas divisiones políticas en Washington y generó un considerable desgaste para ambas partes, aunque los sondeos indicaron una disminución en la imagen del presidente Trump, quien fue culpado por muchos del estancamiento.

El acuerdo que permitió la reapertura fue de carácter provisional, financiando la administración hasta el 30 de enero y posponiendo la disputa central sobre el presupuesto de salud. Tras la firma de la ley, los empleados federales comenzaron a regresar a sus puestos de trabajo, pero el proceso de reinicio de todas las operaciones gubernamentales se anticipa largo, con un considerable retraso en solicitudes y desembolsos de fondos. El propio Trump acusó a los demócratas de haber utilizado el cierre como una “extorsión” política.