Las acciones propuestas incluyen designar a carteles colombianos como organizaciones terroristas, imponer sanciones selectivas contra Petro y su familia, y abrir una investigación sobre la financiación de su campaña presidencial, lo que sugiere una posible judicialización en Estados Unidos.

El presidente Petro calificó el hecho como un “irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana”, declarándolo un “problema de seguridad nacional”.

En respuesta, anunció que llamaría a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, el paso previo a una posible ruptura de relaciones. Petro acusó directamente a Moreno de orquestar un plan en su contra por “venganza personal”.

Funcionarios estadounidenses intentaron rebajar la tensión; el subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó que la imagen “no representa la posición oficial de la Casa Blanca” y que “no se puede creer en todo lo que publican los medios”. Sin embargo, la Cancillería colombiana mantuvo la presión diplomática, aunque posteriormente descartó el llamado a consultas del embajador, optando por mantener los canales abiertos.