En un mensaje, Hegseth advirtió: “si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas.

Si continúan, los mataremos”.

Sin embargo, estas operaciones, realizadas en aguas internacionales, han sido cuestionadas por su legalidad.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó que existen “fuertes indicios” de que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” y violan el derecho internacional, ya que las víctimas no representaban una amenaza inminente. La controversia se ha intensificado con reportes, como uno de la agencia AP, que sugieren que muchas de las víctimas eran pescadores o trabajadores empobrecidos, no miembros de alto rango de carteles. La reacción internacional ha sido contundente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los hechos como una “violación a la soberanía” y ordenó la suspensión inmediata de la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. El Reino Unido también tomó una medida similar, suspendiendo el intercambio de información para no ser cómplice de acciones que considera podrían violar el derecho internacional.

Rusia, por su parte, calificó los ataques de “ilegales e inaceptables”.