La parálisis administrativa tuvo consecuencias generalizadas y tangibles para la población.

Aproximadamente 800.000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente y otros 700.000 trabajaron sin recibir su salario de manera inmediata.

Esta situación generó una crisis en el sector aéreo, donde la falta de pago a los controladores aéreos provocó ausentismo y fatiga, llevando a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar reducciones de vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país y causando la cancelación de miles de vuelos. Además, programas sociales vitales como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen 42 millones de estadounidenses, quedaron desfinanciados, generando incertidumbre sobre la ayuda alimentaria.

La resolución del conflicto llegó tras intensas negociaciones en el Senado, donde un acuerdo bipartidista logró los 60 votos necesarios para avanzar.

La Cámara de Representantes aprobó posteriormente el proyecto de ley con una votación de 222 a 209, enviándolo a Trump para su firma. Aunque el acuerdo reabrió el gobierno con una financiación temporal hasta el 30 de enero de 2026, no resolvió la disputa de fondo sobre los subsidios de salud, cuya votación se pospuso para diciembre, dejando latente la posibilidad de otro enfrentamiento político.